Función y estructura básicas

Funciones

La creación y puesta en funcionamiento del Departamento de Vivienda e Intermediación Hipotecaria plasma la voluntad de la Diputación de Córdoba de trabajar en la consecución del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada, para poder hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda a un precio asequible para los ciudadanos de la provincia de Córdoba, continuando con la prestación del servicio de asistencia municipal, tanto en el ámbito de la promoción de viviendas protegidas, como en la promoción, administración y gestión del parque público de viviendas de alquiler, propiedad de la Diputación de Córdoba, situadas en diversos municipios de la provincia.

La Diputación de Córdoba, ante la situación económica actual y de los últimos años, que ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento de sus viviendas o de los prestamos o créditos hipotecarios de las mismas, ha estimado oportuno contar con un instrumento como la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria que pueda proporcionar a los ciudadanos de los distintos municipios de la provincia el asesoramiento integral en materia de intermediación hipotecaria (prevención, mediación, protección y reclamación), con especial atención a los residentes en las poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.l territorio y aprovechar los recursos con los que cuenta para generar vías de progreso económico y de creación de empleo, contribuyendo al mantenimiento de la población en el territorio.

– Programa de Promoción de Vivienda Protegida.

Gestión global del proceso de promoción de Vivienda Protegida, en régimen de alquiler, al objeto de incrementar el parque propio de viviendas de la Diputación, al objeto de ayudar a los ciudadanos en el acceso a la vivienda a precios asequibles. Se llevará a cabo, mediante convenio expreso, siempre que quede justificada la suficiente demanda que figure inscrita y certificada por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Dicha gestión global contempla adquisición de suelo, redacción de los proyectos técnicos, obtención de licencias, calificaciones y otras autorizaciones, adjudicación, ejecución y dirección de las obras y la entrega final de las viviendas a los adjudicatarios. Igualmente se desarrollarán promociones de viviendas protegidas por encomienda de gestión realizada por los Ayuntamientos de la provincia.

– Asistencia técnica a los municipios para la elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo.

Asistencia técnica a los municipios en materia de estudio, gestión y elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo (PMVS), en colaboración con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, aportando toda la información disponible en el Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Diputación y contratando las asistencias técnicas para la redacción de los citados Planes Municipales de Vivienda y Suelo, instrumento éste que contiene la determinación de las necesidades de vivienda de cada municipio y que sirve de base para detectar el suelo disponible y establecer, en su caso, las necesidades de suelo que se requieran para atender la posible demanda de vivienda. Dirigiendo y coordinando a los equipos técnicos contratados para la elaboración de los PMVS. Asimismo, presta la asistencia técnica necesaria en la posterior actualización de los PMVS.

La elaboración, aprobación y posterior revisión de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo es una obligación municipal establecida en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho de la Vivienda en Andalucía; en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

– Asistencia técnica a los municipios para la Calificación de Viviendas Protegidas.

Asistencia técnica y asesoramiento a los municipios que deseen regular a través de la Diputación el procedimiento para el otorgamiento de las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Vivienda Protegida. Se presta mediante convenio expreso y previa solicitud municipal, y se refiere a la emisión de los Informes Técnicos Previos a las Calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas, así como la redacción de las correspondientes Propuestas de Resolución para la concesión de las citadas calificaciones Provisionales y Definitivas de Viviendas Protegidas.

El otorgamiento de las calificaciones Provisionales y Definitivas de vivienda protegida es una competencia municipal establecida en el art. 9.2 de la Ley 5/2010 de la Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

– Asistencia técnica a los municipios para la elaboración y gestión de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y de los censos de viviendas susceptibles de alquiler social.

Asistencia técnica y asesoramiento a los municipios para la gestión de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y de los censos de viviendas vacías susceptibles de alquiler social (viviendas públicas, de entidades financieras, de particulares interesados, etc.), al objeto de conocer, en cada uno de los municipios, tanto la demanda de vivienda como la disponibilidad de las mismas para ponerlas a disposición de las familias que pudieran demandarlas.

La creación, mantenimiento y actualización permanente los Registros Públicos Municipales de Demandantes de vivienda protegida es una obligación municipal establecida en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, así como en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

– Asistencia técnica para la Gestión Urbanística y edificatoria del Patrimonio Municipal de Suelo residencial.

Asistencia técnica y asesoramiento para la gestión urbanística y el desarrollo de los suelos residenciales incluidos Patrimonio Municipal de Suelo Residencial de los ayuntamientos. Fundamentalmente atiende a la creación de reservas de suelo para actuaciones públicas o privadas de vivienda protegida, facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento, conseguir una intervención pública en el mercado de suelo suficiente para incidir en la formación de los precios y garantizar una oferta de suelo con destino a viviendas protegidas u otros usos de interés público y social.

La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo es el paso previo para la planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida, competencia municipal establecida en la Ley 5/2010 de la Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

– Gestión del Parque Público de Viviendas Protegidas en Alquiler de la Diputación de Córdoba.

Gestión, conservación y mantenimiento del parque público de viviendas protegidas en alquiler, propiedad de la Diputación de Córdoba, situadas en diversos municipios de la provincia. En la actualidad la Diputación dispone de viviendas protegidas, en régimen de alquiler, en los municipios de Bujalance, Doña Mencía, Fuente Tójar, Hornachuelos, La Granjuela, La Victoria, Luque, Pedroche y Rute, previéndose la progresiva ejecución de promociones de viviendas de alquiler del Parque Público de la Diputación de Córdoba en otros municipios de la provincia.

– Gestión del parque de viviendas del antiguo Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (IPPV), cuya gestión está convenida con la Diputación.

Gestión del parque de 331 viviendas protegidas, que fueron promovidas en su día por el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda (IPPV) del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, hoy de titularidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y sobre las que se firmó un Convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación para la gestión administrativa y económica de las mismas por parte de la Diputación hasta la finalización de los plazos de pago de las cuotas de los préstamos hipotecarios. La gestión de este programa finalizará con la firma de las escrituras, la cancelación de las hipotecas sobre las viviendas y la inscripción de las mismas a nombre de los adquirentes en el Registro de la Propiedad.

Esta asistencia se presta en los municipios en los que se encuentran las citadas promociones: Alcaracejos, Añora, Castro del Río, Doña Mencía, Dos Torres, Hornachuelos, Iznájar, Monturque, Nueva Carteya, Obejo, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, La Rambla, Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.

– Gestión de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria.

La Diputación de Córdoba, ante la situación económica actual -y la de años anteriores- que ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento de sus viviendas o, en su caso, de los prestamos o créditos hipotecarios de las mismas, estimó oportuno contar con un instrumento que pudiera proporcionar a los ciudadanos de los distintos municipios de la provincia el asesoramiento integral en materia de intermediación hipotecaria (prevención, mediación, protección y reclamación). A estos efectos acordó la creación de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria (OPIH), así como la aprobación de la firma de los Convenios para la prestación del Servicio Supramunicipal de Asistencia en Materia de Intermediación Hipotecaria entre ésta y los Ayuntamientos de la provincia que quieran adherirse. Siendo por tanto, el objeto principal de la OPIH el asesoramiento integral en materia de intermediación hipotecaria, prevención, mediación, y protección a los ciudadanos de los municipios de la provincia de Córdoba, con especial atención a los residentes en las poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.

Las principales funciones que realiza la OPIH son las siguientes:

  • Prevención: Ofreciendo información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentren en la situación previa a la contratación de una hipoteca o que prevean con antelación que en breve no podrán hacer frente al pago de la misma.

  • Mediación: Prestando asesoramiento a las personas que, por pérdida de empleo o falta de recursos económicos, no puedan hacer frente al pago de la hipoteca de su vivienda habitual, informándoles sobre las mejores condiciones para poder negociar o liquidar las deudas contraídas con las entidades financieras, así como intermediar con éstas en sus reclamaciones de pago.

  • Protección: Procurando, en la medida de lo posible, el realojo para las personas o familias que hayan perdido su domicilio habitual como consecuencia de la ejecución de hipoteca o por morosidad en el pago del alquiler, por causas objetivas y justificadas, que los pudiera situar en grave riesgo de exclusión social.

  • Reclamación: Asistencia al ciudadano para la reclamación de la devolución de los importes pagados de más por aplicación de clausulas suelo, los gastos de constitución de préstamos hipotecarios y otras cláusulas abusivas.

Asimismo, y al objeto de disponer de las máximos recursos para la mejor atención a los ciudadanos en estas actuaciones, la Diputación de Córdoba ha firmado convenios, a estos efectos, con el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Córdoba, con el Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, con la Asociación Nacional de Familias Necesitadas (ANFANE) y con la entidad financiera CajaSur Banco.

Desde la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaría se pretende establecer líneas de colaboración con los Ayuntamientos de la provincia al objeto de coordinar la elaboración de los correspondientes informes sociales, necesarios para poder contrastar la situación social y económica de las personas o familias afectadas, al objeto de determinar el posible riesgo de exclusión social de las mismas y permitir una actuación adecuada a las circunstancias y necesidades concretas de cada una de éstas.

Estructura organizativa

  • Jefatura de Departamento.
  • Responsable Técnico de Obras.
  • Responsable Técnico de Calificaciones de Vivienda Protegida y Planes Municipales de Vivienda y Suelo.
  • Dos responsables Técnico de Administración y Gestión.
  • Técnico Auxiliar de Administración y Gestión.

Normativa básica

  • Ley 1/2010, de 8 de marzo Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
  • Ley 4/2013, de 1 de octubre de medidas para asegurar el cumplimento de la función social de la vivienda.
  • Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo.
  • Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo.
  • Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía.
  • Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.
  • Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
  • Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas.
  • Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
  • Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.
  • Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
  • Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
  • Sentencia Tribunal Supremo 241/2013 de 9 de Mayo.
  • Sentencia Tribunal Supremo 705/2015 de 23 de Diciembre.
  • Sentencia del TJUE de 21 de Diciembre de 2016.

C/ Abderramán III, 9. 14006. Córdoba